La Sala Constitucional ha venido dictando jurisprudencia en materia de Maltrato Familiar en relación a la no procedencia de la homologación de conciliación para este tipo de delitos, por ser éste un delito de acción pública que debe ser perseguido de oficio por el Ministerio Público, no requiriendo del consentimiento dela víctima para ejercitarse la acción penal pública que corresponda. La decisión de admitir un acuerdo conciliatorio en un delito que no se encuentra taxativamente incluido en la nómina de delitos, que sí permiten esta medida y con ello homologar el acuerdo derivado del mismo, es una decisión lesiva del principio de legalidad, al derecho a un debido proceso legal y a una tutela judicial efectiva.